El Polo Democrático Alternativo tiene el reto de ofrecerle a la Colombia de comienzos del siglo un proyecto político moderno, a la altura de las realidades del siglo XXI. Ello supone por lo menos seis compromisos: un proyecto de país a mediano y largo plazo, un programa de gobierno a corto plazo, resolver la crisis de concepción y de la conducción política del partido, lanzar una campaña de crecimiento y asentamiento regional, proyectarse en la movilización social, dimensionarse en la esfera internacional. 

1.-Un Proyecto de País. 

La crisis mundial de las ideologías y el desastre actual del proyecto neoliberal han puesto en cuestionamiento el mismo modelo de capitalismo liberal que se impuso durante los dos últimos siglos. Ello significa, por supuesto, reconocer también la debacle del modelo de socialismo real que se construyó durante el “corto siglo XX” de que habla Eric Hobsbawm. 

La izquierda colombiana que se agrupa en el Polo no ha realizado aún, ni en lo teórico ni en lo práctico, el balance de los proyectos socialistas y comunistas que se hundieron con el muro de Berlín pero que en realidad habían hecho crisis desde mucho antes como modelos de llevar a la práctica las concepciones marxistas y socialistas surgidas de la crítica del capitalismo del siglo XIX. 

Entre nosotros ello pasa además por evaluar tanto las lecturas (“caracterizaciones” las llamábamos en los años 60 y 70) de la sociedad colombiana como las estrategias, tácticas e instrumentos que implementamos para la lucha por el poder político. Saldar las cuentas con el pasado, romper con conceptos y herramientas superados por la historia , rescatar los valores que siguen caracterizando a la izquierda democrática como la libertad, el Estado laico , la democracia radical, la justicia social, los derechos humanos, la paz, la solidaridad internacional con los oprimidos, el respeto por las minorías y, en fin, actualizar la agenda con los nuevos énfasis en la equidad de género y la responsabilidad con el medio ambiente. 

Nuestra crítica razonada del capitalismo y de la sociedad liberal basada en él, debe extenderse también a la crítica de los límites de la socialdemocracia y del Estado de bienestar como base de los modelos alternativos para la realidad colombiana. Afirmar además que nuestro proyecto se inscribe en la perspectiva socialista significa determinar de qué socialismo estamos hablando, más allá de la simple consigna, o de la imitación de modelos que, aún inscribiéndose dentro del ámbito progresista, han demostrado sus carencias como paradigmas de la nueva sociedad que pretendemos construir. Nuestro proyecto de Estado democrático moderno no es compatible con las formas totalitarias, autoritarias y corporativas, ni con la visión neocon del Estado como “parte del problema” y no de la solución de las grandes desigualdades que el capitalismo ha profundizado. 

En el mundo del siglo XXI esclarecer las relaciones y los límites, en nuestro proyecto, entre la economía de mercado de la época de la globalización y la soberanía del Estado democrático, y precisar nuestra ubicación en el nuevo contexto geopolítico internacional donde se imponen las dinámicas de la integración regional latinoamericana. 

Para todo ello el partido debe dotarse de un centro de pensamiento, como los think tanks de los grandes partidos modernos, y de escuelas que propicien los espacios de reflexión y contribuyan a la creación de pensamiento alternativo. 

2.- Un Programa de Gobierno. 

A la cita del 2010 el Polo debe llegar con un programa democrático, de carácter amplio, para un gobierno de coalición progresista que permita rescatar el Estado Social de Derecho del desastre del uribismo. Primero la defensa de la Constitución de 1991 mediante una reforma política que profundice su carácter participativo y rescate al Estado colombiano del control de la narcoparapolítica, del clientelismo y la corrupción, le devuelva a las instituciones democráticas el equilibrio de poderes afectado gravemente por el autoritarismo uribista, y consagre un Estatuto de la oposición con garantías para las opciones políticas alternativas. 

Una concepción verdaderamente democrática de la seguridad que le apueste a un proceso de negociación política con la guerrilla para terminar el ciclo de la guerra mediante una reforma profunda del uso y tenencia de la tierra, la recuperación del monopolio de las armas para el Estado, la vigencia plena de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, el desmonte total y definitivo del paramilitarismo y el reconocimiento de los derechos de las víctimas de la violencia y el desplazamiento mediante un proceso profundo de verdad, justicia y reparación. Una reforma de las Fuerzas armadas, organismos de seguridad y de la justicia, en el marco de un programa de seguridad para la paz y la democracia. 

Durante más de tres décadas el narcotráfico ha sido un factor de corrupción y violencia que ha contribuido a desmoronar los valores de la convivencia y la ética ciudadana, degradar las virtudes democráticas, corromper las instituciones del Estado y generar ante la comunidad internacional la imagen de Colombia como una sociedad violenta y un narcoestado . Un gobierno democrático debe proponerse una política que, mediante acuerdos nacionales y tratados internacionales, erradique la lacra del narcotráfico y los fenómenos mafiosos que le son inherentes. 

El modelo económico neoliberal y de beneficio del capital financiero y transnacional sobre las necesidades de la nación y de la población empobrecida ha hecho crisis en el mundo. Requerimos impulsar un modelo de democracia económica, soberanía, competitividad, sostenibilidad ambiental y desarrollo humano que respete el papel del Estado en la regulación de la economía, de la función social de la propiedad, en el control de los monopolios, en la gestión de los servicios públicos esenciales y en la promoción de la producción, agrícola manufacturera e industrial, de tal manera que garantice la seguridad alimentaria, la defensa del patrimonio público, de los recursos naturales, y una adecuada inserción del país en la economía mundial sin la cesión de la soberanía económica de los TLC. Una reforma financiera además, que controle la especulación, regule las ganancias exorbitantes y garantice el crédito a la mediana y pequeña empresa. 

Los derechos económicos y sociales de la población, con énfasis en los sectores más desprotegidos, campesinos, trabajadores, indígenas y afrocolombianos, serán garantizados mediante programas de empleo, protección laboral y sindical y de defensa del derecho a la tierra y de restitución a familias y comunidades de la tierra arrebatado con engaño y violencia. La salud y la educación y los servicios públicos domiciliarios, como derechos fundamentales a cargo del Estado, serán reformados para garantizar calidad y cobertura rescatándolas de la lógica mercantil. Promover la igualdad de derechos para la mujer y su acceso al mundo del trabajo y, en paridad con los hombres, a los cargos públicos. Promoción de derechos de los LGTB. La juventud debe recibir todo el apoyo del estado para el despliegue de sus potencialidades en educación, cultura, trabajo, deporte y libre desarrollo de la personalidad. Programas de protección a la niñez, rescatando a los niños de la explotación laboral y de la violencia y llevando a la práctica los Derechos de la Niñez promulgados por la ONU. Atención integral a los ancianos, discapacitados, adictos e indigentes. 

El Estado colombiano no puede seguir de espaldas al grave problema de la emigración que afecta a más de cuatro millones de colombianos que viven y trabajan en el exterior como fuerza laboral suplementaria de las economías desarrolladas y sostienen con sus remesas las carencias familiares y sociales que los gobiernos “de la patria” no proveen. Desarrollar una política de Estado integral para la atención a los migrantes y sus familias mediante convenios internacionales que garanticen sus derechos y con la adopción de programas de retorno para su eventual regreso al país ocasionado por la crisis mundial de la economía. 

3.- Concepción del Partido y conducción política. 

El surgimiento del Polo Democrático Alternativo en diciembre de 2005 fue aupado por la reforma política de 2003 y la necesidad de superar el umbral que ésta contenía. Así que a las elecciones de 2006 asistimos, el Polo Democrático Independiente y Alternativa Democrática, coaligados en torno al Ideario de Unidad y a un mecanismo de Mesa de Unidad que condujo la campaña política y preparó el Congreso. El Congreso de Unidad (2007) definió al Polo como una “expresión de la unidad y convergencia de la izquierda democrática”, un partido de afiliados y de tendencias, pero no las reglamentó más allá de señalar “el derecho al disenso y las tendencias” en el marco ideológico y organizativo de los Estatutos y el deber de “no pertenecer simultáneamente a otro partido o movimiento político con personería jurídica”. 

 

El hecho es que despuésde dos años estas definiciones se han mostrado insuficientes frente a la realidad de agrupaciones históricas como el Partido comunista y el Moir, ambas provenientes de Alternativa Democrática, poseedoras de una larga tradición organizativa, y para las cuales el Polo debería ser más un frente político de organizaciones de izquierda que un partido unitario. Ello les permite cierta autonomía en la táctica que se convierte en problemática frente a temas trascendentales para la vida política colombiana como la relación con las organizaciones armadas de la izquierda tradicional o las alianzas con sectores democráticos del centro político. 

En el primer caso el Polo, que se ha definido como un proyecto democrático y civilista, ha explicitado su condena a la violencia como forma de hacer política. Frente a la realidad de cuatro décadas de guerra sin solución el PDA, como partido de izquierda democrática, debe elaborar, para su acción de gobierno, una propuesta de negociación política que permita superar la guerra con la ampliación de la democracia y mayor justicia social. Pero como partido unitario debe ser inflexible en su diferenciación frente a los métodos de violencia política y las organizaciones que los defienden y promueven y riguroso en el control de su militancia al respecto, para que no se impongan en la práctica, en cualquier espacio del partido, agendas ocultas contrarias a nuestro Ideario de Unidad, nuestro programa y nuestros estatutos. 

En el segundo, la política de alianzas está claramente explicitada en los Estatutos del PDA como una práctica de la táctica política que permite conformar coaliciones de carácter programático para afrontar con mayor correlación de fuerzas, coyunturas que, por ejemplo, afecten gravemente el proyecto democrático de la Constitución del 91, la soberanía de la nación colombiana, la violencia contra la sociedad y las instituciones democráticas, la pobreza, la corrupción y la descomposición del Estado en manos de la mafia narcotraficante y paramilitar. Ello significa reconocer proyectos.

Participa:
El Prat de Llobregat, Catalunya